Por segundo mes consecutivo, el resultado fiscal volvió a traer más de un dolor de cabeza y complicó aún más el panorama. En febrero se registró un déficit primario de $ 228.000 millones. Ajustando por inflación, se trata del peor resultado para el segundo mes del año desde 2017. Si además consideramos la factura de intereses, el rojo ascendió a $ 485.000 millones.

¿Cómo evolucionaron las partidas asociadas al gasto? En la comparación de 12 meses, las erogaciones del sector público se redujeron 3,7% en términos reales, luego de haberse expandido 6,3% i.a. en el mes previo. Este ajuste se explicó en mayor medida por una contracción de 6% en las prestaciones sociales. En rigor, las jubilaciones y pensiones contributivas se redujeron 10,1% i.a. real a causa de una licuación vía inflación. También colaboraron los ajustes en subsidios económicos (-17,2%) y transferencias discrecionales a provincias (-37,4%). Por otro lado, los gastos de capital experimentaron un alza de 71% interanual real explicada por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Sin embargo, la reducción de las erogaciones no fue suficiente para compensar la merma en la recaudación. Los ingresos totales del fisco sufrieron un recorte de 8,3% ajustado por inflación con respecto a febrero de 2022. Específicamente, la recaudación tributaria recortó 11,2% i.a., la mayor contracción desde diciembre de 2020.

¿A qué se debió la la mala performance de los ingresos? A una menor recaudación en los impuestos vinculados al comercio exterior. Como resultado del adelantamiento de liquidación producido por el “dólar soja” (en septiembre y diciembre de 2022) y de los primeros efectos de la sequía, los ingresos por derechos de exportación se contrajeron 73% interanual a precios constantes.

¿Se incumplió la primera meta fiscal?

Tras este dato desalentador y luego del peor enero en años, el déficit del primer bimestre ascendió a $ 432.000 millones. En tanto, el objetivo del primer trimestre que el FMI le impone al fisco implica un rojo inferior a $ 441.500 millones. Dicho de otra forma, en los dos primeros meses del año se consumió un 98% del target y en marzo el déficit no debería superar $ 9.500 millones.

¿Qué debería ocurrir para cumplir con el objetivo? Suponiendo que el ingreso por retenciones se mantuviera constante en términos nominales en comparación a marzo de 2022, y que el resto de los ingresos crecieran a la par de la inflación, el gasto interanual real debería achicarse como mínimo un 16%. Para tomar dimensión, entre 2016 y 2021 en el primer bimestre se recaudó en promedio el 12,6% del total del año. Por lo tanto, lo peor que la sequía dejará todavía no se reflejó en las finanzas públicas.

Según recientes estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la caída en la producción agrícola por USD 14.000 millones representará una merma en la recaudación por derechos de exportación de USD 2.300 millones. A su vez, si además consideramos los efectos secundarios, dicha baja totalizaría USD 6.000 millones.

Con esto, la meta fiscal parece cada vez más difícil de alcanzar. Acumulando el resultado de los últimos 12 meses, el déficit primario ya asciende a 2,5% del PIB y debería reducirse a 1,9% en diciembre. Se trata de un ajuste de 0,6 puntos porcentuales del PIB. Además de la sequía, el año electoral aparece como una de las principales amenazas para el cumplimiento del target. La reciente media sanción para la nueva moratoria nos puede dar un indicio de ello.

En conclusión, la sequía atacará principalmente por dos frentes. No solo de manera directa (reflejado en una menor recaudación por derechos de exportación), sino que además, la escasez de divisas “cerrará” con una mayor presión sobre el cepo. A través de un menor nivel de importaciones, esto no hará más que comprometer al nivel de actividad, una situación que golpeará en la recaudación nuevamente.

Frente a este escenario, profundizar el ajuste fiscal sería el mal menor. Para acercarse a la meta, y en línea con la mayor corrección de gasto que vimos en los últimos meses, la inflación no solo debería mantenerse en el orden del 100%, sino que además debería acelerarse. Esto le permitiría al Gobierno seguir licuando principalmente el gasto previsional que, sin dejar de tener en cuenta, ya se encuentra en mínimos desde al menos los últimos siete años.