Hace exactamente un mes atrás, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI habían llegado a un entendimiento técnico sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas. Esto estaba sujeto a la implementación continua de acciones de política acordadas para que el organismo internacional desembolsara los USD 7.500 millones tan esperados. Finalmente, esto sucedería la semana pasada, pero, ¿qué pasó con las políticas prometidas?

Las medidas comunicadas por el Ministerio de Economía en las últimas horas van en dirección contraria. Se dispuso la entrega de bonos a jubilados y beneficiarios de planes sociales, créditos a jubilados y trabajadores, refuerzo de la Tarjeta Alimentar y Potenciar trabajo, reducciones impositivas y sumas fijas para empleados públicos y privados, entre otras cosas. El Fondo ya estimó el costo de este nuevo “Plan Platita” en 0,4% del PIB.

En los hechos, estas decisiones de bienestar funcionan como un parche nominal que no alcanza a cubrir las pérdidas sufridas a lo largo del año. Si tomamos el último dato de salarios correspondiente a junio, en la primera mitad del año el nivel general de salarios perdió un 3,2% de poder adquisitivo. Ahora bien, para los trabajadores no registrados la erosión fue de 15,4%.

Recordemos que al FMI el Gobierno prometió cerrar el año con un déficit primario de 1,9% del PIB. Los datos de julio, sin embargo, señalan que las cuentas fiscales previo al pago de intereses presentan un rojo de 2,6% del PIB en el acumulado de los últimos 12 meses.

Mayor gasto público requiere mayor emisión

Estas medidas no son gratuitas. Al tener déficit fiscal crónico y un mercado de capitales cerrado, el aumento del gasto público deberá ser financiado con mayor recaudación tributaria o emisión monetaria, agrandando los problemas existentes y generando una mayor aceleración de los precios.

En ausencia de medidas tributarias, asumimos que el Gobierno recurrirá a la asistencia por parte del Banco Central. Finalmente, el parche a los ingresos de la población será evaporado por el aumento del costo de vida pero dejando un agujero fiscal mayor. De esta forma, también se violaría otra de las metas acordadas con el organismo internacional: el financiamiento monetario.

Cumplir la meta de septiembre requeriría que el Tesoro devuelva $ 500.000 millones de Adelantos Transitorios, más $ 400.000 millones en el cuarto trimestre. Si ya era algo improbable, estas medidas fiscales terminan de sepultarla la idea. Sin embargo, la intervención del BCRA no termina ahí. El Fondo confirmó que en lo que va de 2023, la autoridad monetaria compró $ 3,2 billones de soberanos en pesos en el mercado secundario. Del total, $ 0,5 billones sería por ejercicio de puts y $ 2,7 billones por recompra de deuda, aceitando el financiamiento de entidades públicas al MECON vía licitaciones y canjes.

Lo cierto es que el oficialismo carece de incentivos para cumplir con los compromisos acordados, especialmente cuando hay altas probabilidades de que el 10 de diciembre la oposición asuma la gestión. Adicionalmente, el desembolso importante (junio y septiembre combinados) ya fue realizado hizo y el de diciembre (USD 3.358 millones) será utilizado por otro gobierno.

La perspectiva a futuro es que el peso siga perdiendo valor, motivando a que los argentinos quieran desprenderse de ellos rápidamente. Sin anclas que estabilicen las expectativas, el escape natural desde la moneda local se daría hacia bienes (inflación) y/o hacia el dólar (presión para otra devaluación).